3 El impacto de la crisis sobre la población inmigrante

Introducción

Todos sabemos que la inmigración en España es un fenómeno relativamente reciente. Hace apenas una década hablar de inmigración era recordar a los españoles que habían migrado entre 1930 y 1960 como consecuencia de la guerra y de la situación social y política del país. Hoy en día, por el contrario, España ha pasado a ser un país receptor, donde la población inmigrante representa más del 9,76% de su población, donde a 31 de marzo del 2009 habían 4.715.757 inmigrantes en situación regular1 y, según los datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero del 2009 los extranjeros en España eran 5.598.691.

El principal elemento del modelo migratorio español es su naturaleza laboral. Éste es un factor que lejos de ser neutro es una consecuencia más de sistema económico general. Sólo se admiten inmigrantes en la medida en que así lo requiera el mercado o la clase empresarial. No es casual que el 82,81% (3.719.012 extranjeros residentes) de la inmigración sea población en edad de trabajar2. La gestión de flujos migratorios se realiza por medio de una previsión anual llamada “contingente de trabajadores”, donde cada año el gobierno se reúne con las principales patronales y con todas Comunidades Autónomas para calcular el número de inmigrantes que el mercado necesita anualmente. Sobre este punto cabe advertir que, aquello que el poder público ha denominado como “equilibrio de los desajustes del mercado” ó “efectos de movilidad ascendente de los trabajadores autóctonos” es en realidad el uso de la inmigración para el mantenimiento de una clase de trabajadores con bajos salarios y condiciones laborales precarias. Los cuatro grandes sectores que ocupan la población inmigrante son: agricultura, industria, construcción y servicios. Los hombres se ocupan principalmente en la construcción y las mujeres en el sector servicios3.

También es significativo que los derechos reconocidos al inmigrante están en su gran mayoría supeditados a la obtención del permiso de trabajo4, un modelo donde el mantenimiento de la situación legal en España depende esencialmente de la cotización a la Seguridad Social, elemento que como veremos posteriormente tiene graves efectos en un momento de crisis donde la población inmigrante se perfila como uno de los colectivos mas afectados. Cabe también señalar que la única posibilidad la regularización de un inmigrante en situación irregular (el llamado arraigo) además del tiempo de estancia anterior pasa indispensablemente por poseer una oferta de trabajo.

I. LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

Evidentemente, las consecuencias de la crisis para la población inmigrante son en cierto modo similares a las que sufre la población española. La pérdida del empleo es una de las más significativas, y se analizará con mayor detalle posteriormente; la imposibilidad de hacer frente a los gastos de manutención alimentación, vestido etc. El grave problema de la vivienda; igual que los españoles, los inmigrantes en los últimos años accedieron a la compra de vivienda5 y hoy, al perder el empleo se ven totalmente desprotegidos ante los desahucios que están realizando los bancos. Así mismo, las nuevas circunstancias los han empujado a tener que compartir pisos bajo condiciones de sobreocupación6. La precarización de las condiciones laborales se extiende también a la población inmigrante7; así como el aumento de las solicitudes de ayudas sociales. No obstante existen ciertas circunstancias, fruto del modelo económico y migratorio que hacen que la población extranjera, se vea afectada por la crisis en mayor medida que la población autóctona.

La concentración de población inmigrante en sectores económicos que ha sido fuertemente golpeados por la crisis.

Como consecuencia de la concentración de población inmigrante en el sector de la construcción la tasa de desempleo en relación porcentual con su población es mayor que el de la población española. Cabe señalar que el paro comienza a golpear fuertemente la población inmigrante a partir a finales del 2008. Durante la primera fase de la crisis 2007-2008 la tasa de paro de los extranjeros creció más lentamente que la tasa de paro de los nativos. Esto cambia a partir del cuatro trimestre del 2008 cuando los españoles tienen una tasa paro del 12.5% y los inmigrantes del 21.3%, alcanzando el primer trimestre del 2009 el 27.1% para la población inmigrante y el 15.2% la población autóctona, diferencia que se mantiene hasta la fecha.

Las consecuencias de la pérdida del empleo respecto a la renovación de los permisos de residencia.

Como ya hemos dicho, el modelo migratorio español es un modelo basado en el mercado laboral. Este hecho provoca que la posibilidad para el inmigrante de residir en España dependa, casi exclusivamente, de lo deseable que sea para el mercado laboral. La legislación de extranjería, consecuente con esta característica, renueva los permisos de residencia y trabajo, sólo en la medida en que el inmigrante haya cotizado a la Seguridad Social. Cabe recordar que en la regularización extraordinaria que realizó el gobierno en 2006, que hizo que 800.000 inmigrantes pudiesen regularizar su situación en España, el requerimiento de la oferta de trabajo también se constituyó como un elemento esencial.

En estos momentos ante la gran caía del empleo, esta situación coloca en la cuerda floja a una parte de los inmigrantes que podrán acceder a las prestaciones por desempleo y podrán renovar su permiso, pero que, además, una vez finalizada dicha prestación, junto con el problema de la pobreza a la que se verán abocados, se sumará también la caída en situación irregular, pues la ley no tiene ningún mecanismo establecido para que estas personas puedan seguir residiendo legalmente sin estar temporalmente trabajando. Por otra parte, la población que no tiene derecho a la prestación por desempleo, bien por llevar poco tiempo cotizando, bien por haber agotado su prestación con anterioridad, se verá abocada directamente a una situación irregular8. El aumento de las bolsas de población irregular9 además del drama humano que supone encontrarse en situación irregular, sólo genera situaciones de mayor explotación laboral, precarización y la estigmatización social de una población cuya única posibilidad de inserción se encuentra en la economía sumergida. El inmigrante que cae en situación irregular por culpa de la crisis no solo verá recortados sus ingresos, sino además sus derechos: libertad de circulación, de residencia, el derecho al trabajo, y el acceso a la vivienda son derechos que automáticamente se niegan. Por otra parte el acceso a la sanidad, educación y ayudas sociales, como se verá más adelante, queda reducido a su mínima expresión. Parece que el permiso de residencia convierte en prerrogativas aquello que en principio son derechos.

Las consecuencias para los inmigrantes en situación irregular: A diferencia de la población inmigrante con permiso de residencia y trabajo, los inmigrantes en situación irregular no tienen cobertura de la prestación por desempleo, ni posibilidad de acceder a la renta mínima de inserción u otras ayudas o servicios sociales, porque todas éstas están ligadas a que el inmigrante se encuentre regulado por la administración de extranjería.

Los recursos a los que pueden acceder los inmigrantes en situación irregular son realmente escasos frente a la situación de desamparo y vulnerabilidad en la que se encuentran. Según la Ley 4/2000, sobre los derechos y libertades de los extranjeros, los inmigrantes sin papeles tienen derecho a la sanidad básica, que comprende prestaciones sanitarias a las mujeres embarazadas, prestación sanitaria en situaciones de urgencia (entendidas como aquellas situaciones que pueden llevar a la muerte de la persona) y la incorporación en los programas sanitarios de interés general (vacunas, control de epidemias, atención a la drogodependencia, etc.). Para el acceso a la sanidad en su totalidad es necesario estar empadronado, no obstante, existen casos en que las administraciones por activa o por pasiva niegan el derecho a empadronarse a los inmigrantes que están en situación irregular10. Respecto a la educación, se reconoce el derecho al acceso a la educación a los menores de edad y en referencia a las prestaciones sociales, sólo pueden acceder a los servicios sociales básicos, es decir, aquellas prestaciones que cubren una situación de urgencia grave. No tienen derecho ni a las prestaciones sociales especializadas que ofrecen las Comunidades Autónomas (con especial relevancia la Renta Mínima de Inserción), ni tampoco las prestaciones sociales que provienen de la Seguridad Social. Es decir, en sentido contrario, a lo que suele decirse del coste social de los inmigrantes irregulares, el sistema español no se caracteriza precisamente por su generosidad. El único apoyo al cual pueden acceder estas personas son las ayudas que ofrecen las entidades del tercer sector. La situación de los inmigrantes en situación irregular resulta dramática. La explotación laboral, inestabilidad y violación de derechos a la que son sometidos tiende a incrementarse con la crisis haciéndoles más vulnerables a las redes de tráfico y trata de personas, redes de prostitución y otras situaciones límite.

Finalmente cabe señalar que los inmigrantes en su mayoría carecen de vínculos familiares en España y si los tienen todos se encuentran en la misma difícil situación, por lo tanto, al enfrentarse a las consecuencias de la crisis no pueden acudir a la red familiar, teniendo únicamente a las ayudas del sector público y del tercer sector. Así mismo, la crisis ha traído una disminución de las remesas que envían a sus países de origen, el cual venia siendo un elemento característico de la inmigración. La perdida del empleo cierra también las puertas a la reagrupación familiar pues, según la Ley orgánica 4/2000, es necesario poseer una vivienda adecuada y un nivel de ingresos mínimos para solicitar que la familia del inmigrante se reúna con éste en España.

II. LA RESPUESTA DEL ESTADO ESPAÑOL

La reducción de los nuevos inmigrantes laborales y de las reagrupaciones familiares

El modelo migratorio implantado con la Ley de Extranjería del año 2000 buscaba implementar un modelo de control de la entrada de inmigrantes acorde con las necesidades del mercado laboral. Para ello, el Estado creo la figura del contingente anual por el cual, previo dialogo con los empresarios y sindicatos, el Estado fija una cifra anual de permisos de trabajo y abre con esta cifra los procesos, en los respectivos consulados, de visados de entrada laboral. Por otra parte, se implanta también la figura del catalogo de ocupaciones de difícil cobertura; tabla que cada trimestre elabora el INEM con las demandas de las categorías laborales que no son cubiertas en el mercado nacional (y que pueden ser cubiertas, por tanto, con nuevos inmigrantes). Es decir, una persona al momento de solicitar el visado tiene que, primero, estar previsto como cupo en el contingente y segundo, optar a una tipología de trabajo que no llegue a ser cubierta por el mercado laboral interno.

El catálogo de ocupaciones de difícil cobertura relativo al último trimestre del 2008 se redujo en un 42% y el primer trimestre de 2009 se redujo un 15% adicional. En enero de 2010 los únicos puestos que se ofrecen son los vinculados a la medicina (médicos y terapeutas ocupacionales)11. En el mismo sentido, el contingente de trabajadores en España para el año 2009 refleja que las ofertas de empleo son mucho menores debido a la crisis económica.12, suponiendo un descenso de más del 90% con respecto a la cifra aprobada para 2008 (de 15.000 a 901 contrataciones).

Fomento al retorno: el modelo económico colapsó y se decide fomentar el retorno

La política estrella del gobierno en materia de inmigración y crisis, fue la aprobación del Plan de Retorno Voluntario. En dicho plan se establece que los inmigrantes que pierdan el empleo y tengan derecho a la prestación de desempleo (es decir, encontrarse en situación regular y haber cotizado lo suficiente a la Seguridad Social) podrán cobrar conjuntamente la totalidad del paro al que tienen derecho, si regresan a su país. El inmigrante firma un contrato de retorno donde se compromete a dejar el territorio español y el Estado le satisface el 40% de la prestación en España y el 60% una vez el inmigrante ha regresado a su país. El regreso implica por una parte, la pérdida del permiso de residencia y no poder entrar en territorio español por 3 años. Pasados los tres años la persona podrá volver a entrar a España siempre que le sea otorgado un visado de residencia.

El gobierno preveía que unos 100.000 inmigrantes se acogieran al Plan de retorno. Sin embargo, pasados catorce meses solo 9.848 personas han regresado a su país bajo esta figura. El plan en sí no hace más que reflejar las razones y la política migratoria del Estado español y en general de los países receptores de población inmigrantes. La entrada de personas solo se permite en la medida en que el mercado así lo necesite, no existen razones ni humanitarias ni de solidaridad entre pueblos o seres humanos, solo las razones del mercado. Cuando el mercado laboral se estanca entonces, la única salida que se le otorga a este colectivo es el regreso a su país, donde posiblemente también padecerá las consecuencias de la crisis y, cuando el mercado vuelva a necesitar de mano de obra inmigrante, los empresarios ya reclamarán al Gobierno que aumente de nuevo el cupo anual de inmigrantes y estos pueden volver a solicitar en los consulados dicho permiso y volver a iniciar otro proceso migratorio. Ya no es suficiente que el inmigrante sea flexible y se traslade entre Comunidades Autónomas y/o sectores económicos según las necesidades del mercado. La crisis económica ha abierto también el concepto de que el inmigrante debe ser lo suficientemente flexible como para moverse entre su país de origen y de migración según las necesidades empresariales.

LA REFORMA A LA LEY DE EXTRANJERÍA

La última política del gobierno ha sido la reforma a la ley de extranjería mediante la Ley Orgánica 2/2009. Las finalidades de la reforma no tienen en perspectiva la crisis económica. La norma se modifica para incorporar una Sentencia del Tribunal Constitucional13 e incorporar un conjunto de directivas comunitarias. La reforma hubiese sido el momento adecuado para introducir mecanismos de flexibilidad al rígido sistema de obtención y renovación de permisos de residencia para así paliar al menos alguno de los efectos de la crisis. Por otra parte, también se hubieran podido introducir mecanismos de protección social que no estén vinculados a la situación administrativa. La reforma parece desentenderse o ignorar las consecuencias que la crisis tiene sobre la inmigración, pues si se hubieran realizado algunas pequeñas modificaciones, como permitir la renovación con independencia de la cotización a la Seguridad Social o extender el acceso a los servicios sociales más allá de los básicos se hubiese mejorado, aunque fuera ligeramente, la situación de la población inmigrante.

CONCLUSIONES

La actual situación de crisis económica ha evidenciado el conflicto que, para un modelo migratorio esencialmente laboral, presenta la compatibilización entre las cuotas de entrada de mano de obra y los desequilibrios, temporales o a largo plazo, de la economía; así como el mantenimiento de la población inmigrante en el territorio en momentos de caída del empleo. Frente a esto la única política ha sido cerrar la entrada de inmigrantes e implantar el plan de retorno y, pese a las solicitudes de varias organizaciones de crear una “especie de prórroga” para mantener su situación regular, el gobierno no prevé tal actuación. La política del gobierno, resulta bastante ingenua al pensar que un gran numero de población, que en su país de origen ya se encontraba en situación precaria antes de emigrar a España, marchará. Es posible, tal y como lo demuestra el plan de regreso, que una parte muy pequeña regrese pero el gran número de inmigrantes se quedarán en España “esperando que la situación mejore”, aunque más empobrecidos y sin papeles.

En estos momentos Europa y España parecen tener dos horizontes claros: la integración de la inmigración y la entrada de inmigrantes cualificados14. Es ingenuo pensar que las características del modelo económico español (construcción y turismo) van a impulsar una entrada de inmigrantes doctores e investigadores de alta cualificación. Por otra parte, es más que dudoso el éxito de las políticas de integración que se plantean en las agendas europeas y gubernamentales porque el modelo exige que al tiempo que se integra se controlen los flujos migratorios en función de las necesidades del mercado; un control que es más efectivo favoreciendo las redes de tráfico de seres humanos y causando la muerte de cientos de personas al intentar cruzar nuestras fronteras que impidiendo la llegada de nuevos inmigrantes no deseados.

No se duda de las buenas intenciones y de la apremiante necesidad de la integración, puesto que su ausencia o su elaboración desde perspectivas erróneas llevará sin lugar a dudas a cultivar climas propicios para el racismo, la xenofobia y problemas de convivencia social. El problema radica en que quieren compatibilizar la integración con un modelo donde el inmigrante se presente como un elemento muy útil para la acumulación del capital. Así, cuando se requiere de su mano de obra lo emplea bajo condiciones de explotación y cuando necesita expulsarlo se reclama al gobierno que fomente su regreso o configure las reglas de juego de tal forma que sea muy difícil su residencia en España en condiciones dignas. Por otra parte, figuras claves para la integración, como lo es el reconocimiento del derecho a la reagrupación familiar, resulta poco adecuado con la necesidad de control de fronteras de los Estados.15 Como se puede pensar en la integración cuando te piden que vengas, luego que regreses y si más tarde aquí las cosas van mejor y te necesitan, ¿te vuelves a venir?

Notas

1. El 38,30% de los extranjeros es nacional de un país de Europa Comunitaria, el 31,13% es iberoamericano, el 20,98% africano, el 6,24% asiático, el 2,86% es europeo de países no comunitarios, el 0,44% norteamericano y el 0,04% de países de Oceanía. Informe Trimestral estadístico de Extranjería e Inmigración, num. 19 de febrero de 2009. Observatorio permanente de la Inmigracion. Ministerio de Trabajo e Inmigracion. Disponible electrónicamente http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionEstadistica/Informes/Extranjeros31Marzo2009/Archivos/Informe_Trimestral_31-03-2009.pdf

2. Del total de certificados de registro o tarjetas de residencia en vigor a 31 de marzo de 2008, el 21,6% corresponde a autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, el 0,3% a autorizaciones de trabajo por cuenta propia, el 10,8% es de residencia no lucrativa (no da derecho a trabajar), el 20,4% es de tipo permanente, permitiendo residir y trabajar en las mismas condiciones que los españoles, y el 46,8% restante es un certificado de registro o tarjeta de residencia perteneciente a un ciudadano comunitario o familiar (Régimen Comunitario).

3. Informe 2008 Observatorio permanente de la inmigración. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

4. Véase, Aparicio Wilhelmi, “El derecho al Trabajo”, en Sur o no Sur, Los derechos sociales de la población inmigrada (2007).

5. En 2007, con cinco millones de inmigrantes en España no de es de extrañar que el 10,65% del total de transacciones estuvieran protagonizadas por los extranjeros residentes. Véase informe TAIFA no 5 Auge y crisis de la vivienda en España, 2008

6. El desempleo ha dado lugar a un retroceso en relación con el acceso a la vivienda. Muchos de los inmigrantes que en su primer momento habían llegado a compartir piso, incluso bajo condiciones de sobre ocupación, posteriormente cuando su situación laboral era más estable habían alquilado o comprado piso propio. En los últimos meses, se ha visto una vuelta a la vivienda compartida, con la finalidad de abaratar los costes de la vivienda.

7. Véase capítulo 2

8. Cabe recordar que al estar en su mayoría empleados en el sector servicios, construcción y trabajo domestico, es muy frecuente que su actividad laboral sea intermitente, y por lo tanto, sus periodos de cotización no consecutivos. En el comercio sucede un fenómeno específico, donde las grandes cadenas han prescindido de parte de los trabajadores inmigrados que habían traído de sus países por el procedimiento de contratación en origen, las personas traídas por este procedimiento a principios del 2008 quedaron sin empleo antes de finalizar el año. Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2009. Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de Trabajo e Inmigración., p. 60

9. Según el Centro de Información para Trabajadores Inmigrantes (CITE) de CCOO en los últimos seis meses ha atendido a 9.685 usuarios, de los cuales el 40,10% estaban en situación irregular, “ una cifra que ha ido subiendo durante el último año, y que en estos momentos ya es semejante a la de 2005, antes de la regularización”.

10. Véase en el informe del Sindic de Greuges como sobre el empadronamiento de los inmigrantes presenta las prácticas llevadas a cabo por los ayuntamientos para evitar empadronar inmigrantes. Nuevamente, en materia migratoria los derechos dependen de un documento administrativo.

11. Véase la Resolución de 21 de diciembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el primer trimestre de 2010.

12. El País, ‘La crisis provoca el primer descenso de población inmigrante en 13 años’. 24-10-2009.

13. La sentencia amplia en reconocimiento de libertades a los extranjeros en situación irregular (manifestación, reunión, huelga y sindicación), pero es restrictiva en materia de procedimientos de expulsión (procedimiento de expulsión en 48 horas y posibilidad de expulsión por la comisión de un delito cuya pena sea mayor a un año. STC 276/2007

14. En Francia la denominada Ley Zarco II, de 24 de julio de 2006, opta por el sistema de la “inmigración escogida” y reduce los denominados permisos “de vida privada y familiar”. En Alemania la nueva ley de inmigración de 2005 opta por la selección de inmigrantes. El pacto europeo sobre inmigración y derecho de asilo aprobado por el Consejo el 25 de septiembre de 2008 apuesta por un sistema de inmigración escogida y recientemente se ha aprobado la Directiva 2009/50/CE del Consejo de 25 de mayo de 2009 relativa a las condiciones de entrada para fines de empleo altamente cualificado.

15. Sentencia del TJUE de 27 de junio de Parlamento v. Consejo, asunto C-540/03.

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